El gobernador puso en marcha un mecanismo regulatorio que permite el libre acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, mediante el decreto Nº 692. “Con mucha alegría planteamos este tema que siempre fue motivo de controversia; cumplimos así con nuestro compromiso”, expresó Binner.
Los pedidos de información serán dirigidos a la Dirección Provincial Anticorrupción. Esta regulación prevé que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, tenga acceso a la información pública producida o en manos del Poder Ejecutivo provincial, y toma como principio el de la publicidad de la información.
Según el decreto, “cualquier persona, sin necesidad de acreditar un interés específico, de expresar los motivos de su consulta o de contar con patrocinio letrado, puede solicitar la información pública”. El acceso será gratuito. Los sujetos obligados a brindar información deberán ordenarla y sistematizarla permitiendo un fácil y rápido acceso, sin exceder los 20 días el plazo para ponerla a disposición.
El decreto menciona en un apartado haciendo referencia a la “transparencia activa”. Lo cual implica establecer un estándar mínimo obligatorio de información que estará disponible en la página web de la provincia.“Tenemos que avanzar para demostrar que se puede ser transparente: es necesario que la gente conozca, que crea en la democracia, en los actos de gobierno que pueden ser con errores o con aciertos, pero tiene derecho a conocerlos”, expresó Binner.
El formulario emanado para solicitar la información deberá contener como mínimo, la identificación del sujeto que posee la información solicitada, datos personales del requirente, la información reclamada y la firma del interesado.
El acceso a la información pública
La historia del acceso a la información pública en la provincia tiene sus años. Jorge Obeid, en su segundo mandato, fue el 1er gobernador que ingresó un proyecto de ley sobre el tema a la Legislatura.
No obstante, fue reformado con una modificación a instancias del ex senador justicialista Raúl Gramajo, quien propuso “acreditar un interés legítimo” para poder acceder a la información solicitada.
Esa condición provocó una fuerte discusión y nunca se logró la sanción del proyecto.
El ministro Antonio Bonfatti, declaró a la prensa: “La Legislatura tuvo ya dos tratamientos que fueron rechazados por los senadores, y nos parece que el Ejecutivo tenía que dar una señal de lo que es nuestro criterio de transparencia de los actos de gobierno”, No obstante, consideró que si los poderes Judicial y Legislativo tienen intenciones de adherir al sistema, poseen facultades para hacerlo.
Fuente: http://www.ellitoral.com/
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